El Ayuntamiento de
San Mateo, mediante "decretazo", da una pirueta con doble salto
mortal y medio prorrogando una prórroga de un contrato ya vencido del servicio
de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos y gestión de punto limpio y
cementerio.-
Por: Jesús Padilla
Una duda razonable ha hecho que como ciudadano pueda
compartir la misma con aquellos que interesados en el devenir político de ésta
Vega de San Mateo quieran ser partícipes conmigo. Ésta duda parte de dos
premisas importantes:
La primera es que el Concejal Delegado de Limpieza en
una propuesta de fecha 29 de agosto de 2018
considera de "interés público", hasta el 31 de noviembre de
2019 dicho contrato, ya vencido, con la empresa que realiza este servicio.
La segunda premisa es que existen sendos informes desfavorables
de Secretaria e Interventor que al parecer hacen inviable la medida que
pretenden tomar. O mejor dicho se ha tomado en forma de Decreto o en este caso
de "decretazo".
Bien es sabido que dar piruetas y saltos mortales es
una especialidad que hasta ahora parece ir bien al Grupo de Gobierno Municipal
desde que tomó posesión por primera vez del Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
Una toma en la que su programa electoral, plagado de tantas promesas como
pasajes tiene la biblia, llegó a mano de sus electores.
Hoy, casi ocho años después, con anexos a modo de
pasajes bíblicos, para completar las promesas de la primera en ésta segunda
legislatura, de lo que se había prometido nada, y de lo que se ha incumplido
mucho. Basta dar una vuelta por el pueblo para comprobar lo que digo. Y que
cada uno saque sus propias conclusiones sin dejarse llevar por apasionamientos.
Pero siguiendo con esa duda razonable y para no perder
el hilo el relato que se la plantea es el siguiente:
Una resolución de la alcaldía en forma de Decreto de
fecha 30 de agosto de 2018 permite levantar una nota de reparo interpuesta por
el Interventor General, ese mismo día del decreto, 30 de agosto de 2018, nota que
considera que una prórroga a la empresa adjudicataria de la limpieza viaria y
recogida de residuos urbanos y gestión de puntos limpios y cementerios incumple
conjuntamente, es decir, la primera prórroga que ya incumplía y esta segunda que
también incumple.
Este Decreto firmado por Don Antonio Ortega con
informe favorable del Concejal de Limpieza Don Joaquín Amador da vía libre, por
la vía del decretazo, a esta segunda prórroga de contrato de servicios de
limpieza viaria, recogida selectiva de residuos urbanos y de gestión del punto
limpio y cementerio de un forma un tanto peculiar y extraña como asombrosa. Por
lo menos en lo que respecta a las formas y afecta a los hechos.
La primera prórroga incumple porque abarca las
distintas fases de ejecución del presupuesto y pagos, que al amparo de la
prórroga se puedan producir.
Y la segunda prórroga incumple porque, producido el
motivo que obliga a la nota de reparo del Interventor, esta segunda puede dejar
un "pufo" de 96.463,45 euros.
En un alarde de malabarismo contable el del Concejal
Delegado de Limpieza, como si de un salto mortal se tratara, justifica por "razones de salubridad" y de salvaguarda del "interés público" esta segunda
prórroga, además dándole una nueva fecha de caducidad de más de un año, hasta
el 31 de noviembre de 2019.
Me pregunto si ¿Esa justificación abarca esos 96.463,45
euros de dinero público, de interés para todos los ciudadanos de este municipio
y que probablemente se pueden detraer de las arcas municipales? La fecha de caducidad y la
redacción de la propuesta del Concejal y el Decreto apuntan a eso.
A mí particularmente no me salen las cuentas, ni veo
el "interés público" del levantamiento del reparo, y menos aún por "razones de
salubridad". Pero en fin cada maestrillo con su librillo. Y cada uno con su
salubridad particular, o pública, según del prisma que lo veamos.
Como en esa película de Alfred Hitchcock "Shadow
of a Doubt", la sombra de una duda hace que mi asombro se multiplique cuando,
posteriormente, me entero de que la Secretaria municipal el 29 de agosto de 2018, un día antes de esa nota, emite un informe totalmente
desfavorable sobre este asunto, haciendo hincapié en que el plazo del contrato
está ya vencido, por lo que se entiende que dicha prórroga es impracticable.
Supongo que impracticable por razones de tipo legal o porque contravienen la
normativa actual sobre contratos públicos y transparencias en la gestión
pública.
Por sentido común, y si no he perdido la percepción de
las cosas, es lógico que lo vencido se renueve, pero no se prorroga. A no ser
que el "interés público" pueda ser otra cosa, aún no explicada, que también puede
suceder. Esta sería la otra media pirueta del salto mortal.
El Decreto, o decretazo, levanta el reparo del
Interventor, y deja en segundo plano el informe desfavorable, transformándose
en una sinestesia, atribuyendo legalidad a algo que mediante la legalidad es
imposible de realizar, como sucede prorrogando una prórroga ya vencida que
además deja pendiente una cantidad importante de dinero público que deberá
asumir el Ayuntamiento por un "interés público" a mi modo de ver inexistente y unas "razones
de salubridad" totalmente anacrónicas con los tiempos que vivimos, en
pleno siglo XXI. Es como decir que "oímos la luz" o que la Tierra se llama Marte. Está claro que
ambas cosas, "salubridad e interés público" no se corresponden, el
anacronismo es total.
Queda patente, a modo de ejemplo, que a cualquier
ciudadano que está a punto de vencérsele
un permiso, o una subvención pública, tiene unos plazos para renovarla,
o solicitar una prorroga.
Pero si ese ciudadano, a sabiendas de que se le vencen
los plazos para renovar, no renueva, podría denegársele la prórroga.
Pero si se le admite esa prórroga y a su vez el
ciudadano la deja vencer, sin renovar, perderá los derechos adquiridos. Es así
de simple.
¿Como se puede entender que para los ciudadanos si
vence la prórroga y pierde éste la subvención o el permiso, pero para una empresa
adjudicataria de un servicio público no ocurre lo mismo, es decir no pierde la
adjudicación pública y se le admite una segunda prórroga ya vencida con un "pufo"
de 96.463,45 euros, supongo que por servicios incumplidos?
¿Raro es, y de verdad, que la administración mida con
diferentes varas a unos ciudadanos de otros?
La explicación para mi es tan sencilla como el mecanismo
de un botijo, o de un porrón. El ciudadano no puede acceder a lanzar un decreto
que le favorezca y tampoco se lo van a facilitar porque estaría fuera de
ordenamiento.
Salto mortal y medio con tirabuzón.
Creo que este salto mortal y medio con tirabuzón es
cuanto menos una maniobra inusual, vía Decreto, que supongo los partidos en la
oposición analizarán con lupa porque no sólo puede suponer la pérdida de una
importante cantidad de dinero público sino además la contratación, un tanto
irregular, y sorprendente, para dar
continuidad un servicio que según fuentes diversas hasta la fecha deja mucho
que desear en operatividad y eficacia.
Dicen que Dios escribe derecho en renglones torcidos,
o en otro pasaje de la biblia se dice que los caminos del Señor son
inescrutables.
De modo laico decir que los caminos inescrutables que
conducen a los decretos que, como éste, nos dejan boquiabiertos porque la excusa de la urgencia está en "salubridad
e interés público" como si no hubieran más empresas o medios para paliar
la necesidad sin llegar al "decretazo". Nos sorprende aún más porque el Decreto trata
de enderezar un camino torcido pero sin escribir derecho los renglones
torcidos.
Una paradoja, una antilogía con unos argumentos que
rayan lo falaz.
¡¡Bendito sea Dios!!
VEGUEROS S.M.
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